Las antinomias de la justicia

Efraín Riós Monttfue un dictador guatemalteco entre el año del 82 y 83 del siglo pasado; con un saldo de aproximadamente 200 000 muertos y un genocidio de comunidades indígenas, la cuál representa casi un  60% de la población total, siendo detrás de Bolivia el país americano con más concentración indígena; fue juzgado a puerta cerrada por la corte suprema del su país y gozando de los "problemas técnicos" procedimentales, los cuales apuntan a favorecerlo.

Este caso es muy relevante para el pensar la justicia, tanto en términos ideales como materiales; en primer lugar, el mero hecho de que un político sea llevado a juicio por su actuar durante el mandato constitucional es muy loable, más en un país como México donde es muy raro que suceda esto y mas con las protecciones jurídicas como es el fuero, si bien es cierto que no es la primera experiencia de un dictador ante tribunales en latinoamérica, lo cierto es que en aquéllos el juicio ha sido público e incluso televisado por la trascendencia del mismo, en el caso guatemalteco no se está dando así, en todo juicio no sólo se juzga al acusado, sino también al juzgador ya que en caso de no considera que se está haciendo bien su trabajo existen recursos e instancias para resolverlo, en el caso de Guatemala, la decisión de llevar el proceso a puerta cerrada fue tras la salida de  la jueza Yassmín Barrios por los métodos utilizados en el caso.

El caso de Ríos Montt refleja mucho de los vicios de la justicia latinoamericana, por lo que podemos ver algunos escenarios que ya han sucedido; por un lado, en Argentina se logró condenar a la junta militar y fue el mismo gobierno de la "democracia" quienes dieron el perdón para que salieran libres, lo cual no estaría tan descabellado del todo si tenemos en cuenta que a diferencia de Videla, tras el mandato de Ríos, siguió acumulando influencias políticas al desarrollarse como diputado, presidente del congreso  y secretario general de su partido; la otra experiencia es la de México ya que aquellos errores procesales fueron los que dieron la libertad a Florance Cassez y a figuras políticas como la maestra le dieron condiciones especiales de reclusión o en el caso de Echeverria, nunca pasó de una arresto domiciliario, estos escenarios no van lejos ya que la defensa del acusado está intentando argumentar la demencia senil como medida de absolución a su cliente.

Esto nos lleva a una serie de preguntas sobre la manera en la que se llevan nuestra justicia; es válido liberar a alguien tan sólo por vicios de procedimiento, de responder que no, se cae en el problema de que no se le está dando la oportunidad de defenderse como es debido ya que nos guste o no, la justicia de Estado se mueve en sus propios tiempos, de responder que si tenemos a Cassez libre y tal vez a Ríos Montt; otro gran problema es si creemos que es válido hacer una distinción entre los presos en todo caso, es decir, que si por su condiciones de edad o salud se les tiene que atenuar su pena, Ríos Montt a la fecha tiene 80 años, de pensar que sí se rompe con muchas instituciones de derecho ya que un criminal es un criminal sin atender a su edad sexo o religión, robo es robo ya sea 5 pesos o un millón, si creemos que no, tenemos que las cárceles se vuelven -como lo son actualmente- universidades del crimen; otro problema que dejo a reflexionar por aquí es qué tan válido tendría que ser la audiencia pública, actualmente cualquier juicio, amenos que se decrete lo contrario, es público en la medida de que no pueden negarnos el acceso a las audiencias, pero en casos relevantes se hace una sentencia popular con base en el rechazo o la aceptación del imputado más que el delito en sí, véase las marchas que hubo por la liberación del chapo tras su segunda captura, el problema es de la confianza a las instituciones, si creemos más prudente que se ventile tras bambalinas, siempre nos quedará una espinilla por saber que no nos están mintiendo, en el caso contrario, si se publicita de manera mediática, puede que la sentencia sea mediada por la presión popular, con lo que ella implica, o que la sentencia en contra sentido al animo general cause una serie de revueltas y descontento que desacredite al gobierno y sus instituciones de conjunto.